Trabajadores migrantes manifestaron su preocupación por la situación que atraviesan las personas migrantes, a partir de las reformas, recientemente  realizadas por el Ejecutivo, a las leyes de Migraciones, De Nacionalidad y  Ciudadanía 346, mediante el  Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2017.

Una medida que consideran discriminatoria

En ese sentido, emitieron un comunicado donde señalan: “Las colectividades en la Argentina, llamamos a un Paro de Migrantes, como medida de acción y rechazo a las reformas realizadas en la política migratoria por decreto, el cual rehúye nuestra efectiva participación y goce de derechos políticos para incidir como sujetos afectados, producto de los cambios que discriminan infundadamente a nuestra población proveniente de distintos países.

El mencionado Decreto 70/2017 de Necesidad y Urgencia, pretende modificar una Ley Nacional -sancionada por unanimidad-, y la finalidad inclusiva que le fuera interpuesta luego de una lucha de décadas de nuestras colectividades y representantes de la Sociedad Civil.

¿Puede haber necesidad y urgencia y alegar emergencia de seguridad, para criminalizar de forma inminente a una población migrante que representa el 4,3% del conjunto de los habitantes en suelo argentino? Según datos oficiales del Sistema Nacional de Estadísticas de ejecución de la Pena, para 2015 las personas extranjeras presas en todo el país por todo tipo de delitos ascendían a 4.449, siendo esto un 0,2% de migrantes condenados de entre aprox. 2’000.000 de inmigrantes residentes en el país.

Resulta alarmante que, con dicha modificación se estarían extendiendo los aspectos restrictivos del ingreso y facilitando la expulsión sobre los inmigrantes, con un fuerte carácter discriminatorio, que asocia a la migración con el delito, y dando por resultado un hostigamiento a las colectividades que residen y desarrollan su vida en la Argentina.

Un decreto que los preocupa

Con el mencionado Decreto, los migrantes que con condena firme, mediando proceso en contra por delitos menores (a un mes o menores de 3 años), o por antecedentes penales que, según la apreciación de leyes argentinas sean merecedores de penas privativas de la libertad, se les restringirá el ingreso y/o cancelación de residencia facultando a la DNM para dictar expulsión, con el agravamiento de que la notificación de tal medida opera como “Notificación ficta” en mesa de entradas del referido organismo.

Este decreto legisla en materia penal, asunto al que se le confiere “Reserva Legal”, siendo inconstitucional que sobre este respecto se expida el Poder Ejecutivo por decreto.

A su vez modifica lo regulado en la ley del Procedimiento Administrativo acortando los plazos para acceder a la Justicia, a partir de que el decreto incorpora un régimen de expulsión “sumarísimo” que incluye la retención  preventiva del inmigrante y restricción de un defensor público oficial.

De igual manera este régimen sumarísimo otorga prerrogativas a la DNM, frente a las personas que tengan o hayan tenido algún tipo de irregularidad migratoria so pena de revisión de su residencia.

Conscientes de todas las aristas que puede tocar la reforma a una Ley, consideramos dichos cambios incompatibles con el principio de unidad familiar que, hasta entonces ha sido eximente en potestad de un Juez para realizar expulsiones de personas migrantes por el vínculo de arraigo que demostraren. Con el decreto resolver dichas excepciones

Lo anterior, puede ser considerado como negación al doble conforme y al acceso a recurso jerárquico, como garantías de las que debe gozar toda persona.

Fortalecimiento de estereotipos xenófobos y racistas

Por último cabe señalar, que el discurso de seguridad que se erige desde el poder Ejecutivo pone al migrante en condición de sospecha y fortalece estereotipos xenófobos y racistas ya existentes. Confronta y oculta el aporte económico, cultural, laboral, y social, que desde tiempos inmemoriales han impreso las y los ciudadanos migrantes, muchas veces desconocido o invisibilizado por la sociedad que se beneficia con la fuerza de trabajo, y en contracara niega, u obstaculiza el acceso en igualdad efectiva a derechos sociales, de los cuales son contribuyentes, a pesar de ciertas restricciones o dificultades administrativas que perpetúan su vulnerabilidad. Una de estas, la irregularidad migratoria, para la que reconocemos, un importante avance desde la sanción de la Ley Nacional de Migraciones 25.871/2003.

Quiénes hemos escogido la República Argentina para desarrollar nuestros proyectos humanos de vida, somos los más interesados en construir democráticamente soluciones a fines legítimos como la lucha contra el Narcotráfico, la Trata de Personas, y las redes de delincuencia organizada. No obstante, consideramos que estas directrices no podrán alcanzarse persiguiendo a las comunidades migrantes si no directamente en algunos casos, limitando el derecho a la igualdad desde todo aspecto, que torna menos efectivo el Preámbulo de la Constitución, “Para todos los hombres y mujeres del mundo que quieran habitar el suelo argentino”.

Por ello además hacemos un llamado a las Cámaras legislativas para que se pronuncien de manera responsable en rechazo a este Decreto y todo cambio oprobioso en la política Migratoria que intente correr su regulación general desde el fuero penal, o entes de criminalización”.

Por todo ello, convocan a todas las colectividades migrantes, organizaciones sociales, políticas, sindicales, de DDHH, a un paro migrante y concentración en el Congreso de la Nación a realizarse el jueves 30 de marzo a las 16:00.

Anuncios