La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Plata y la CTA Autónoma de la Provincia de Buenos Aires, querellantes conjuntos en las causas contra el terrorismo de estado, expresaron a través de un comunicado de prensa, su repudio al fallo de la Corte Suprema de Justicia conocido en el día de hoy, que resuelve la aplicación de la llamada ley del dos por uno a un condenado por delitos de lesa humanidad.

En el escrito se señala que “la ley 24.390, a la que recurre el voto mayoritario de la Corte, establecía que pasados los dos años de prisión preventiva, cada día de detención se contabilizaba doble a los efectos del cómputo de la pena. Esa ley fue derogada en el año 2001 y, como bien lo dice el voto de la minoría, no es de aplicación a casos como el de la desaparición forzada de personas, en que el delito se continúa cometiendo.

Los crímenes de lesa humanidad tienen un marco jurídico propio y frente a ellos el estado tiene la obligación internacional de perseguir y sancionar a sus autores. Con una decisión como la que hoy adopta la Corte Suprema se tornan ilusorias las condenas dictadas y que se dicten en el futuro y se echa en saco roto el denodado esfuerzo que desde hace décadas venimos realizando los organismos de derechos humanos para obtener justicia en el marco de las instituciones.

Esta decisión es gravísima y se encuadra en la misma línea del fallo “Fontevecchia”, que pone en cuestión la obligatoriedad de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por lo tanto, el retroceso que la sentencia de hoy implica no es un hecho aislado sino una clara línea política dirigida a volver ilusorio el proceso de juzgamiento a los genocidas.

Este retroceso se enmarca en las iniciativas negacionistas a las que asistimos en los últimos tiempos, la reivindicación de la teoría de los dos demonios y la reciente iniciativa promovida por la cúpula de la iglesia católica que pretende una pseudo reconciliación con criminales de masa que hasta el día de hoy sostienen un pacto de silencio y no han dado cuenta de las gravísimas violaciones a los derechos humanos que cometieron, no se hicieron cargo de sus delitos, no dieron información sobre los desaparecidos ni sobre los nietos apropiados.

Ante el desconocimiento por el máximo tribunal de la Nación de las obligaciones de sancionar y hacer efectivas las condenas a genocidas, reafirmamos nuestra voluntad de lucha como lo venimos haciendo desde hace décadas cualquiera fuera el gobierno y cualquiera fuera la situación política, porque nuestras banderas de Verdad y Justicia, de Juicio y Castigo a los Culpables fueron y son irrenunciables”.

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