La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) anunció este jueves la aprobación de un protocolo para que víctimas y familiares directos de desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar puedan consultar los archivos que posee la Iglesia sobre esa etapa, luego de que en octubre del año pasado se anunciara que había concluido la digitalización de esos documentos.

“Con este protocolo se inicia la posibilidad de consultas y, de acuerdo a lo anunciado oportunamente, podrán solicitar información las víctimas, los familiares de los desaparecidos y detenidos y, en caso de eclesiásticos y religiosos, sus respectivos obispos y superiores mayores”, precisó el Episcopado en un comunicado de prensa, en el que aclaró que la consulta “se realizará sobre el material donde aparece mencionada la persona sobre la cual se busca información”.

Se trata de cartas y documentos que se conservan en el Episcopado, en la Nunciatura Apostólica y en la secretaria de Estado en la Santa Sede, referidos a unas 3.000 personas, sobre pedidos que llegaron a la Iglesia para conocer el paradero de detenidos y desaparecidos durante la dictadura y reclamar gestiones ante los militares.

Según explicó a Télam la archivista y especialista en historia de la Iglesia, Guadalupe Morad, -quien tuvo a cargo todo el proceso- entre los archivos digitalizados se encuentran telegramas, cartas y notas informales, la mayoría de ellos con pedidos de ayuda de familiares de víctimas de la dictadura, en algunos casos gestiones de la propia Iglesia ante distintos organismos oficiales y eventuales respuestas de los militares.

Por una decisión impulsada en forma conjunta por el Vaticano y el Episcopado argentino, en octubre del año pasado se había anunciado la finalización del “proceso de catalogación y digitalización” de sus archivos de la dictadura y, ahora, con la aprobación del procedimiento, los interesados podrán comenzar a realizar las consultas correspondientes.

Para ello, se publicó hoy un modelo de carta y pasos a seguir por los interesados en consultar la documentación, que deben ser presentadas en la sede de la CEA, ubicada en la calle Suipacha 1032 de la ciudad de Buenos Aires.

En el protocolo -que se puede consultar en http://www.episcopado.org- se establece que “el interesado deberá completar una solicitud” dirigida al secretario general de la CEA, monseñor Carlos Malfa, y que “los nombres de otras víctimas extrañas al interesado, serán oportunamente oscurecidos en respeto a la confidencialidad de los datos privados”.

“Es que se trata de material sensible, muy delicado, con heridas abiertas y, por eso, se abre sólo a las víctimas y familiares”, explicó Morad, quien se mudó a Roma durante más de un año para comandar el trabajo de digitalización, y destacó la decisión del papa Francisco de “romper” las rígidas normas de la Santa Sede que establecen que sólo pueden ser desclasificados luego de 70 años de ocurridos los hechos a investigar, y en algunos casos hasta 100 años.

La información se conoce días después de la asamblea plenaria del Episcopado que se reunió en Pilar, donde inició un “tiempo de reflexión y debate interno” sobre los hechos ocurridos durante la última dictadura cívico-militar, para lo cual escuchó testimonios de familiares de desaparecidos y víctimas del terrorismo de Estado ejercido por la dictadura, y del accionar de organizaciones guerrilleras.

Esa decisión despertó fuertes críticas de parte de los organismos de derechos humanos, que salieron a cuestionar la iniciativa de la Iglesia de impulsar una “reconciliación”, lo que motivó que diversos obispos salieran a aclarar que no se impulsaba una mesa de diálogo y que la idea no debía interpretarse como una supuesta búsqueda de “impunidad” sino que “todo proceso implica memoria, verdad y Justicia”.

Cuando se anunció en octubre del año pasado, tanto desde el Episcopado como desde el Vaticano se remarcó que el trabajo de desclasificación de los archivos se había “desarrollado teniendo como premisa el servicio a la verdad, a la justicia y a la paz, continuando con el diálogo abierto a la cultura del encuentro en el pueblo argentino”.

“No les tenemos miedo a los archivos. Los ponemos a disposición como un servicio a la reconciliación, a la justicia y a la verdad”, expresó en esa oportunidad el arzobispo de Buenos Aires y vicepresidente primero del Episcopado, cardenal Mario Poli.

Por su parte, el arzobispo de Santa Fe y presidente del Episcopado, monseñor José María Arancedo, había dicho en ese momento que “una vez que se conozcan los documentos, la Iglesia aparecerá con más luces que sombras” y reconoció que “es cierto que la Iglesia tal vez no hizo todo lo que pudo y por eso pedimos perdón”, al recordar la autocrítica formulada públicamente por los obispos en el Congreso Eucarístico de Córdoba durante el Jubileo del año 2000.

“No hubo ocultamiento ni selección de materiales”, precisó Poli sobre la documentación, a la vez que destacó que, desde hace varios años, la Iglesia viene respondiendo requerimientos puntuales de la Justicia en el marco de causas por delitos de lesa humanidad, como por ejemplo actas de bautismo de las distintas diócesis del país.

El Episcopado argentino adoptó la decisión de ordenar los archivos en noviembre de 2012, cuando la asamblea plenaria de obispos aprobó el documento titulado “La fe en Jesucristo nos mueve a la verdad, la justicia y la paz”, en el que la Iglesia manifestó su disposición a comprometerse con el estudio de toda la documentación en su poder y a seguir colaborando con la justicia.

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