Se aprobó la iniciativa por la cual se priva a los femicidas de la responsabilidad parental

Se aprobó la iniciativa por la cual se priva a los femicidas de la responsabilidad parental

Un proyecto presentado por la Diputada Nacional Ehcosor  junto a otros de la misma temática, fueron unificados y de esta manera se aprobó la iniciativa por la cual se priva a los femicidas de la responsabilidad parental

La violencia que sufren las mujeres en varias ocasiones se culmina como femicidio y en los últimos años ha tomado proporciones alarmantes.

Esta problemática de género a nivel mundial, pone de manifiesto un mayor grado de conocimiento sobre las numerosas formas y manifestaciones de ese tipo de violencia contra las mujeres, la complejidad de sus causas, el aumento preocupante de su prevalencia en algunos contextos, y la gravedad de sus consecuencias para las víctimas, pero también para sus familias, la comunidad y la sociedad en su conjunto, generando en su conjunto un proceso de concientización.

En suma, los femicidios son el reflejo de una cultura de odio y discriminación hacía las mujeres y un índice del fracaso del sistema de justicia penal para sancionar a los perpetradores de estos crímenes.

Si bien no existe una definición consensuada de los conceptos de “femicidio” y de “feminicidio”. Su alcance, su contenido y sus implicaciones son todavía objeto de amplios debates tanto en las ciencias sociales como en la acción política y en los procesos legislativos nacionales. Sus acepciones varían según el enfoque desde el cual se examina y la disciplina que lo aborda.

Sin embargo, en los términos prácticos, feminicidio se entiende como: “la muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, en la comunidad, por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes, por acción u omisión”.

El proceso de conceptualización del fenómeno de la muerte violenta de una mujer por ser mujer adquirió importancia en la década de 1970 cuando la expresión “femicidio” fue acuñada por Diana Russell.

Esta expresión surge como alternativa al término neutro de “homicidio” con el fin político de reconocer y visibilizar la discriminación, la opresión, la desigualdad y la violencia sistemática contra la mujer que, en su forma más extrema, culmina en la muerte.

En América Latina, la expresión “femicidio” ha sido definida de diferentes formas como: “el asesinato misógino de mujeres por los hombres”; “el asesinato masivo de mujeres cometido por hombres desde su superioridad de grupo”; o “la forma extrema de violencia de género, entendida como la violencia ejercida por hombres contra las mujeres en su deseo de obtener poder, dominación y control”.

Las situaciones de violencia de género presentan características comunes: están fundadas “en una cultura de violencia y discriminación basada en el género” que “tiene sus raíces en conceptos referentes a la inferioridad y subordinación de las mujeres”. No se trata de “casos aislados, esporádicos o episódicos de violencia, sino de una situación estructural y de un fenómeno social y cultural enraizado en las costumbres y mentalidades”. El uso del concepto de femicidios y su diferencia con el homicidio permite visibilizar la expresión extrema de violencia resultante de la posición de subordinación, marginalidad y riesgo en el cual se encuentran, en muchas ocasiones las mujeres.

Dentro de este contexto preocupante, y estadísticas alarmantes respecto a violencia de género, no debemos olvidar un aspecto firmemente relacionado al mismo, el cual radica en las relaciones familiares.

Debemos mencionar que los niños y niñas víctimas del femicidio comparten características similares con la madre (mujer asesinada) que son la dependencia con el agresor, su posición de debilidad frente a él y el terror que genera la situación de violencia día a día.

Es imprescindible entender que el daño se potencia, no sólo por lo que se les hace sino por quien lo hace. Niños y niñas que pierden a la persona que amaban en manos de otra persona a la que también aman.

La vivencia del asesinato de la propia madre a manos del padre constituye un trauma severo. La situación se vuelve desoladora no sólo pierden a su madre sino que también a su padre, quien estará ausente.

Todo su mundo se destruye, niños y niñas quedan así en una gran inestabilidad emocional. El impacto psicológico y los síntomas en las niñas y los niños son múltiples y complejos. En el ámbito emocional un profundo desconcierto, confusión, sentimientos de culpa, miedo rabia, tristeza, descenso de la autoestima, sensación de impotencia. Lo común es que se haga el diagnóstico de depresión y/o estrés postraumático crónico. En el ámbito conductual se observará en su desarrollo trastornos de conducta, dificultades en la interacción social, en el manejo de la agresión, finalmente en el ámbito cognoscitivo trastornos del aprendizaje.

Es importante resaltar la gravedad de las repercusiones que supone para las hijas y los hijos el ser víctimas de la violencia consumada en el Femicidio, destacando el aspecto traumático de la experiencia.

Asimismo se constituyen en víctimas colaterales de este delito que deben ser protegidos por el estado y por sobre todo, ser considerados sujetos de derecho. Estas niñas y niños, necesitan recuperar su salud psíquica y en algunos casos física luego de todo el sufrimiento que han vivido a lo largo de sus vidas y sobre todo luego de perder a su progenitora.

Razón por la cual, es indispensable que el padre que cometió el acto de femicidio respecto de la madre del menor, quede privado de cualquier decisión y contacto respecto de los mismos, privándolo del ejercicio de la Responsabilidad Parental.

Así también el hombre que se encuentre procesado por este grave delito, deberá tener suspendido el ejercicio de los derechos que conlleva la responsabilidad parental, en los términos del Código Civil.

Dentro de este contexto, en la Cámara de Diputados se trató este proyecto con otros de la misma temática que se unificaron.  Este avance legislativo es un instrumento esencial y eficaz para prevenir situaciones que pueden poner en riesgo la prosperidad del menor, debiendo poner el punto de atención, justamente en los intereses y seguridad de los mismos.

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