Piden la detención
Piden la detención

El Fiscal de Investigación Penal 1 de Jujuy, Diego Cussell, solicitó la detención del ex gobernador provincial Eduardo Fellner y de otros ex funcionarios de su gestión involucrados en la conocida como “megacausa” en la que se investiga el desvío de fondos para la construcción de viviendas sociales en la que también está acusada Milagro Sala, informaron fuentes judiciales.

Piden la detención; El pedido fue direccionado anoche al juez de la causa, Isidoro Cruz, e incluye una ampliación de la imputación que pesa sobre el ex gobernador, indicaron a Télam voceros judiciales, quienes también informaron que el lunes al mediodía el magistrado dará una conferencia de prensa para brindar detalles del dictamen del fiscal.

“Anoche a las 20.45 entró un pedido presentando por el agente fiscal Diego Cussel. El expediente tiene más de 50 cuerpos, por lo que el Juez se a avocar a analizar cuál es la presentación y dará información precisa en la jornada del lunes”, detallaron las fuentes.

Sin revelar mayores datos, confirmaron que “hay un pedido sobre el ex gobernador Fellner, el ex ministro de Tierra y Vivienda de Jujuy, Luis Cosentini, y el ex titular del Instituto de la Vivienda y Urbanismo de la provincia, Lucio Abregú. Y también hay un pedido de ampliación de imputación y otras medidas más sobre otras numerosas personas”.

Cabe recordar que en la causa judicial se investigan presuntas responsabilidades de Fellner derivadas de un decreto sancionado durante su gestión, que creó en 2007 la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), la cual administró los recursos presupuestarios provenientes de Nación destinados a la construcción de viviendas sociales en Jujuy.

En ese marco, se trata de develar el supuesto desvío de 1.200 millones de pesos destinados a la construcción de viviendas sociales, por una denuncia del actual gobierno provincial realizada en febrero de 2016, la cual también mantiene imputados a funcionarios nacionales y provinciales y a la dirigente Milagro Sala, entre otros.

Fellner fue imputado por el “presunto abuso de autoridad en concurso ideal con falsedad ideológica de instrumento público, ambos concursados realmente con coautoría de fraude a la administración pública”.

Tras ser notificado, el ex gobernador se había presentado a indagatoria el 14 de julio del año pasado, cuando deslindó responsabilidad y sostuvo que se trataba de un decreto “dictado en el marco constitucional y legal totalmente justificado”, y como parte de una “exigencia de la Subsecretaría de Vivienda de la Nación”.

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